Círculo de Gestión de Personas se reunió con autoridades sectoriales para conocer detalles de nueva normativa que reserva una cuota laboral de 1% para personas con discapacidad.
Tras su promulgación, actualmente la Ley de Inclusión Laboral se encuentra en el proceso para la elaboración de su reglamento. En este período autoridades se han reunido con diversas organizaciones y agrupaciones de la Región del Biobío, y este miércoles se dieron cita en Irade para dialogar con el Círculo de Gestión de Personas, integrado por representantes de las áreas de Recursos Humanos de las empresas socias de dicha entidad.
En la reunión estuvieron presentes el Seremi de Desarrollo Social, Juan Eduardo Quilodrán; el Seremi del Trabajo, Rodrigo Alarcón; la Directora de Senadis, Sandra Narváez y representantes de empresas como Huachipato, Clínica Sanatorio Alemán, Aitué, Masonite, Gas Sur, Puerto Lirquén, Mundo Pacífico y CGE, entre otras. En la ocasión autoridades y ejecutivos analizaron los detalles de esta ley, que reserva un 1% de cuota laboral para personas en situación de discapacidad en empresas de 100 o más trabajadores, y también deroga el artículo N° 16 de la Ley 18.600 que indica que a una persona con discapacidad se le puede establecer una remuneración convenida libremente entre las partes.
El seremi Juan E. Quilodrán valoró la instancia y destacó que “hoy estamos en proceso de elaboración del reglamento para comenzar la implementación de la ley -tenemos contemplado nosotros- a contar del 2018 y estas reuniones son muy beneficiosas en términos de la retroalimentación que se genera para una normativa, que sabemos, va a fomentar la inclusión social y laboral de las personas en situación de discapacidad, que es uno de los desafíos fundamentales de nuestro Gobierno”.
Por su parte Pamela Moraga, gerente de Capacitación y Desarrollo de Irade, también destacó el encuentro, enfatizando que la implementación exige la colaboración público privada. “Aquí evidenciamos el ánimo de las empresas por conocer todos los detalles de la nueva ley y anticiparse a los cambios que implica, los que van desde la modificación de los reglamentos internos de las compañías hasta las nuevas políticas de inclusión y gestión de personas”, acota Pamela Moraga.
Por lo mismo, considerando el gran interés del tema, Irade realizará un foro específico sobre las repercusiones de la normativa, que será extensivo a las empresas de la región.
Cabe destacar que, una vez que entre en vigencia la Ley, la obligación rige inmediatamente para las empresas que cuenten con más de 200 trabajadores. Mientras que para las que cuenten con un total de entre 100 y 199 funcionarios dicha obligación se hará efectiva a partir del término del primer año, desde su entrada en vigencia.